Introducción
El futuro de las pensiones en España y por extensión en los países en los que más extendido está el modelo de reparto no basado en capitalización de las aportaciones realizadas, es un debate recurrente y no exento de polémicas. Las razones principales para este debate son los problemas de las clases más jóvenes para construir una vida con calidad similar a sus padres y el crecimiento constante de la población que recibe una pensión frente a la trabajadora.
Es complicado proponer en la extensión equivalente a un par de páginas una posición clara que muestre los problemas existentes y proponga soluciones reales a esos problemas. Sirva esta entrada como una propuesta de debate en la que los grises y los matices son extensos.
El debate
Algunos datos
Ya en 1995 cuando se aprobó en el Congreso el llamado “Pacto de Toledo”, se establecía:
En principio, debe tenerse en cuenta que aunque en un plano jurídico o contable no exista déficit en el sistema (NOTA: Se refiere a la Seguridad Social), o éste sea muy pequeño, desde un plano económico puede sostenerse que ello se debe al permanente y progresivo incremento de las transferencias estatales o del recurso a préstamos con el Estado: Las cotizaciones sociales pierden importancia frente a los recursos presupuestarios que recibe la Seguridad Social.
Por tanto, ya en 1995, y hace 30 años, existía incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema de la “Seguridad Social”. Y aunque ha pasado tiempo, esas dudas permanecen en muchos expertos y economistas.
El perímetro de la “Seguridad Social” ha ido evolucionando a lo largo de los años. Solo 2 años después de ese Pacto, en 1997, la sanidad dejó de sufragarse mediante la Seguridad Social y su financiación se realiza con impuestos generales.
En 2011, se hizo una reforma como consecuencia de la crisis de esos años mediante la cual se alargaba durante un periodo de 15 años la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.
Según datos del Tribunal de Cuentas:
El balance de la Seguridad Social recoge desde 2017 un patrimonio neto negativo que, a 31 de diciembre de 2023, asciende a 98.526,3 millones de euros, con origen en operaciones de gestión ordinaria. La solución adoptada para la cobertura de estos gastos ordinarios ha consistido en otorgar préstamos y transferencias corrientes por el Estado a la TGSS cuyos importes acumulados, hasta 31 de diciembre de 2023, ascienden a 98.997,8 millones y 81.829,3 millones, respectivamente.
Como en años anteriores, ha de insistirse en el hecho de que este tipo de medidas coyunturales no resuelven los problemas estructurales de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, no contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados y no tienen reflejo en su neto patrimonial, acumulando la Seguridad Social un endeudamiento frente al Estado, a 31 de diciembre de 2023, de 116.166,4 millones (un 7,75 % del PIB de 2023).
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Básicamente, esto significa que los españoles nos debemos a nosotros mismos 116.000 millones de euros por gastos que ya ha realizado la Seguridad Social y que el Patrimonio real de esta es de -98.500 millones de euros. O, dicho de otro modo: los españoles hemos movido 116.00 millones de euros de un bolsillo a otro, pero de ese bolsillo hemos hecho gastos, por lo que ese dinero realmente ya no está en el segundo bolsillo.
Pero eso, ¿Qué significa?
Probablemente, para la mayoría de los mortales españoles, esto es solo un tecnicismo. Para nosotros, “impuestos” es todo aquello que aportamos al estado, sean verdaderamente impuestos, tasas, cotizaciones sociales, etc.
Lo que hay detrás de ello, es que una parte de lo que aportamos se destina directamente a financiar la Seguridad Social, y eso lo hacemos mediante las cotizaciones sociales que pagamos asalariados (directamente o a través de la empresa) y los trabajadores autónomos.
Así, aportamos a la Seguridad Social del orden de 154.000 millones de euros por esos conceptos. Lo que aportamos por estos conceptos no llega a cubrir las necesidades totales de la Seguridad Social. Por eso, de los impuestos que pagamos, una parte se destina a cubrir esos saldos que no llegan.
Entonces, ¿la Seguridad Social está quebrada?
De nuevo, huyamos de tecnicismos. Lo relevante es que el modelo en que está basado, ahora mismo no se sostiene financieramente. Ese sistema requiere ingresos extra para poder continuar como hasta ahora. Y esos ingresos los damos mediante impuestos.
En España, el 75% de los impuestos que se recaudan se deben a dos únicas fuentes: IRPF e IVA. Por tanto, la realidad es sencilla. Los consumidores finales y las personas físicas, somos responsables de mantener los ingresos del estado. La recaudación del IRPF crece constantemente después del COVID. Las razones principales son el aumento de población y la no deflactación de la tarifa. Igualmente crece la recaudación por IVA por el aumento del gasto y la inflación.
Algunas fuentes (Seguridad Social y AIREF) estiman que el número de pensionistas crezca de los aproximadamente 12 millones actuales a más de 17. Si ahora mismo existe cerca de 2 trabajadores por pensionista, es muy improbable que se pueda mantener esa tasa en un futuro.
Algunas soluciones
El gasto público no es un juego de suma cero a corto plazo (ahí está la deuda). Se pueden aumentar los gastos en distintas partidas sin disminuir los de otras solamente aumentando la deuda. Pero eso no es sostenible a largo plazo. Las deudas hay que pagarlas y penalizan a las generaciones futuras (disfrutamos hoy, pagan otros, mañana). Por eso hay que pensar algunas soluciones.
La solución política es no hacer nada. Cada 4 años hay elecciones. Si el problema está más allá de ese plazo, el problema puede ser de otro.
Alemania ha implantado recientemente un modelo de ahorro subvencionado por el estado para niños destinado a su jubilación. El importe es pequeño, pero valdrá como base para generar la conciencia de ahorro.
En España el estado no ha gestionado un sistema de ahorro. Por tanto, no existe una caja, hucha o ahorro que gestionar. Solo hay ingresos que son menores que los pagos actuales y compromisos morales de pagos futuros.
Una potencial medida puede ser permitir a los ciudadanos definir su modelo de previsión social: cuánto ahorran, cómo ahorran, en qué ahorran… Un modelo a valorar podría ser un sistema basado en la asunción de las responsabilidades actuales y a la vez liberar a los ciudadanos para definir sus herramientas de ahorro.
- Todas las personas mayores de cierta edad tendrán un ingreso básico garantizado por el estado. Este ingreso tendrá en consideración el patrimonio de cada ciudadano.
- Las personas en un rango de edad tendrán un compromiso de pago futuro respaldado por un sistema de deuda (que tiene que ser negociado con la Unión Europea). Este compromiso tendrá en cuenta las cotizaciones pasadas, el mínimo de subsistencia y la situación personal del trabajador.
- Finalmente, todos los trabajadores tendrán a su disposición un sistema de ahorro de su elección. Este sistema partiría de los modelos actuales de cotización (por tanto, sería neutro a nivel de coste). El trabajador podría decidir quién le gestiona este ahorro entre el estado o una sociedad privada. Los ahorros destinados a jubilación serán inembargables.
- En paralelo a todo ello, existirá un sistema de ingreso mínimo de supervivencia.
Esta medida es complicada, sujeta a debate y aprobación de terceros, pero establecería un marco objetivo y justo en el que los ciudadanos tendrían un incentivo para canalizar su ahorro futuro, conocerían la evolución del mismo y mantendría un soporte social para los casos de necesidad.
Conclusiones
Ninguna medida es perfecta, pero es de justicia no trasladar a generaciones futuras los gastos y los errores de las generaciones pasadas. Adicionalmente, los ciudadanos merecemos un debate sosegado sobre nuestras pensiones futuras sin dogmatismos ni mentiras por parte de la clase política.
