Descripción
Abogar por un debate sobre los actuales sistemas electorales, como el método D’Hondt o las listas cerradas, y proponer la exploración de nuevos métodos que aseguren la igualdad en la valoración de los votos, promuevan una representación más fiel de la democracia y reduzcan las ventajas para los partidos mayoritarios. Sugerimos considerar alternativas como las listas abiertas y la democracia semidirecta.
Explicación ampliada
Esta propuesta parte de una premisa esencial: devolver la soberanía política a los ciudadanos. La actual arquitectura electoral española, basada en listas cerradas y bloqueadas, transforma el voto individual en un acto de adhesión colectiva a estructuras partidistas que monopolizan la representación. Ello reduce la responsabilidad individual del político y perpetúa una casta dependiente de los aparatos de partido más que del mandato popular. Una reforma hacia listas abiertas y mecanismos de democracia directa —como referendos vinculantes, revocatorias o iniciativas legislativas ciudadanas— busca restituir ese vínculo original entre electores y elegidos.
Desde una visión filosófica, esta propuesta rompe con el monopolio del poder político y promueve una descentralización real del poder democrático. En términos inspirados en Huerta de Soto, la dispersión del poder político es condición necesaria para la cooperación social libre: el individuo deja de ser una pieza pasiva del engranaje estatal para recuperar su papel activo en la construcción normativa. En la misma línea, Rallo señala que toda concentración de poder tiende a la coacción y a la corrupción; por tanto, la única manera de garantizar una política limpia y representativa es eliminar los incentivos institucionales que la fomentan, empezando por los sistemas que blindan las élites políticas.
La democracia directa no implica el caos ni el populismo, sino la asunción de responsabilidad ciudadana. Mises advertía que la libertad política exige un pueblo maduro, consciente de las consecuencias de sus decisiones. Este modelo educativo de la ciudadanía es lo contrario del infantilismo estatal que promueven los sistemas de listas cerradas, donde los ciudadanos son tratados como meros espectadores. En la práctica, el votante pasaría a tener poder real de selección sobre los representantes, generando competencia política, transparencia y meritocracia en lugar de lealtades internas.
El cambio hacia listas abiertas también tiene un efecto regenerador sobre el sistema político y la economía institucional. Al desaparecer los incentivos para la manipulación partidista y la perpetuación en el cargo, se fortalece el vínculo de confianza entre gobernantes y gobernados. Nozick explicaba que el orden libre no se construye mediante imposiciones, sino mediante instituciones que limiten el poder coercitivo. Precisamente esto hace esta reforma: reduce la distancia entre la voluntad individual y la acción pública, reconduciendo la democracia hacia su fundamento original, el autogobierno.
Por último, el tránsito hacia un modelo semidirecto —similar al suizo o al islandés— no implica sustituir la representación, sino complementarla. Introduce mecanismos que permiten corregir los abusos del poder, garantizando que las decisiones de alto impacto nacional o constitucional sean refrendadas directamente por el pueblo. En una España fatigada por la partidocracia, la falta de rendición de cuentas y el clientelismo institucional, esta reforma no es un lujo teórico, sino un paso indispensable hacia la regeneración moral y política del país.
Impacto Jurídico
La Reforma del sistema electoral hacia listas abiertas y democracia directa implicaría modificaciones de fondo en varias normas del ordenamiento jurídico español:
- Constitución Española (artículos 68, 69 y 92): sería necesario modificar los artículos relativos a la elección de diputados y senadores, así como el régimen de referendos y consultas ciudadanas, para permitir candidaturas individuales y mecanismos de participación vinculante.
- Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): afectaría directamente su Título II (elección del Congreso y Senado) y los artículos relativos a la confección de listas, sustituyéndolos por un sistema de voto preferencial o de candidato individual.
- Ley Orgánica de Partidos Políticos (Ley Orgánica 6/2002): debería revisarse para adaptar la financiación y funcionamiento interno de los partidos a un entorno donde los candidatos dependan más del apoyo ciudadano que de las estructuras partidarias.
- Ley Orgánica del Poder Judicial y Estatuto de los Miembros de las Cortes: posibles ajustes en el régimen de incompatibilidades, transparencia y rendición de cuentas para adecuarlos al nuevo principio de responsabilidad directa ante los electores.
- Desarrollo normativo complementario: sería necesario regular la revocatoria de mandato, las consultas ciudadanas vinculantes y la iniciativa legislativa popular ampliada, reforzando así el poder de fiscalización de la ciudadanía.
Esta transformación del sistema electoral no solo modernizaría la representación democrática, sino que sentaría las bases jurídicas para una España más descentralizada, responsable y libre, donde el ciudadano vuelva a ser el eje del sistema político.