Por la libertad de Venezuela

Introducción

Escribo estas líneas unos pocos días después de la noticia de la intervención de Estados Unidos en Venezuela que supuso la captura de Nicolás Maduro y su esposa y su traslado a Estados Unidos para ser juzgado por su colaboración con una organización narcoterrorista. Lo hago desde la esperanza y el deseo de libertad para el pueblo de Venezuela.

Venezuela es uno de esos temas que recurrentemente vienen a la política española. Desde un lado se defiende a los dirigentes de ese estado. Desde el otro lado se señala la constante caída de ese país y su degeneración democrática como un espejo de un hipotético futuro para España.

En medio de ese debate y discusión se encuentran los ciudadanos de Venezuela. Entre 2015 y 2020 (por dar datos contrastados y totalmente cerrados), casi cinco millones de personas salieron de Venezuela para establecerse en otro país (Brasil, Perú, Estados Unidos, España…). La diáspora venezolana es la mayor entre países grandes y la más destacable no meramente achacables a conflictos bélicos (como puedan ser los casos de Siria, Gaza y algunas regiones y estados del este de Europa).  Las estimaciones más recientes es que ocho millones de venezolanos han tenido que salir de su país para sobrevivir y huir de su situación.

A nivel económico, el PIB per cápita en Venezuela es menor de 4.000 USD. Ello supone que la creación de valor de Venezuela es similar a la que tenía en 1999 después de 25 años y una caída sobre el 75% desde los máximos de principios de la década de 2010.

Es por tanto incuestionable que la situación del pueblo de Venezuela es drásticamente peor que cuando comenzó la sucesión de dictaduras chavistas y unos pocos en torno a la clase dirigente sobreviven entre la pobreza y división de sus ciudadanos.

El papel de España a lo largo de este periodo ha sido controvertido y unido al debate político del país. El reconocimiento a Juan Guaidó fue existente pero tímido, el apoyo a Edmundo González limitado y la defensa de María Corina Machado inexistente. Todo ello culminado con la no felicitación a esta última por el Premio Nóbel de la Paz porque “Pedro Sánchez nunca ha felicitado por esa concesión” (el Presidente dixit…).

Todo eso se une al papel que el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha adoptado en torno a la situación de Venezuela. Un papel nunca totalmente aclarado, pero en el que siempre ha dado la sensación de estar más cerca de los dirigentes chavistas que de la oposición (demostrada mayoritaria en las últimas elecciones presidenciales celebradas).

Esta situación ha llevado a que la relevancia de España en torno al futuro democrático de Venezuela sea nula, y que nuestra opinión y discurso no sea considerado valioso dentro del escenario internacional.

Tras los primeros días, es un hecho evidente que el gobierno español no es la guía del resto de países de Europa en este conflicto.

Uno de los temas que más se ha mencionado en estos días es si la intervención de Estados Unidos es conforme al derecho internacional. Probablemente no lo es. Pero no lo es, no por el hecho de haber capturado a la persona que actuaba como Presidente de Venezuela, sino por el hecho de haber capturado un ciudadano fuera de su jurisdicción. Su papel dirigente no le debe hacer inmune ni con más o menos derechos que cualquier ciudadano.

No obstante, es un hecho que a principios de 2026 es muy complicado lograr un consenso en el derecho internacional. Si una persona es un delincuente con abrumadoras pruebas en su contra, y no solo como presunto dirigente de un cartel de tráfico de drogas sino como usurpador del poder en un país, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué soluciones hay para restituir la democracia en un país cuyos dirigentes actúan de modo dictatorial?

¿Creemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría llegar a un acuerdo de consenso con China, Rusia y Estados Unidos como miembros con derecho de veto? Hoy más que nunca es necesario un marco de cooperación y desarrollo en el que las principales potencias democráticas del mundo puedan participar para ayudar a resolver este tipo de problemas.

Por el futuro de Venezuela

La operación realizada por Estados Unidos se ha limitado a la captura de Nicolás Maduro y su mujer y su extracción de Venezuela. El resto de los dirigentes siguen en libertad y Delcy Rodríguez ha jurado el cargo como Presidente interina de Venezuela. La presidencia de Delcy Rodríguez no puede ser la solución democrática en Venezuela.

Es necesario que no se deje el trabajo a medias. Los países democráticos, Estados Unidos, la Unión Europea y la oposición venezolana tienen que incrementar todos los medios de presión posibles para hacer que cristalicen los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 y que Edmundo González tome posesión del gobierno venezolano como legítimo ganador de las elecciones.

Estas asunciones son compatibles con la defensa del derecho internacional. Pero la defensa del derecho internacional no puede evitar el conflicto cuando existe. Nicolás Maduro y el resto de su gobierno tienen el poder en Venezuela, pero no tienen ese gobierno por medios legítimos ni legales. Ostentan el poder mediante la represión de la oposición democrática y la falsedad de un proceso electoral. No se puede defender la oposición a la intervención y a la vez defender un gobierno no legítimo.

Por desgracia, la situación geopolítica internacional ha devenido en una Organización de las Naciones Unidas con poca capacidad de intervención y altamente dividida. Es necesaria la organización de una alianza internacional por la defensa de la libertad del pueblo venezolano. Y esa defensa tiene que terminar con un estado venezolano independiente de injerencias extranjeras y capaz de definir su futuro en democracia, paz y libertad.

Organizada esa situación democrática, que exige la deposición de los gobernantes actuales, los dirigentes provenientes de la dictadura deben tener una salida en la propia Venezuela. Deben ser los ciudadanos venezolanos mediante sus instituciones democráticas los que juzguen, condenen y en algún caso si lo consideran, indulten o no a dirigentes que han impuesto un gobierno dictatorial y probablemente con extensos vínculos con el narcotráfico y la organización criminal.