Descripción
Se elimina el salario mínimo, debido a que dificulta la contratación y fuerza a situaciones de pobreza y de paro. También imposibilita al empleador aumentar su plantilla y por lo cual no fomenta el crecimiento de su empresa. La subida salarial debe depender exclusivamente en un marco de demanda y oferta de empleo, generando que a necesidad de un sector aumenten sus sueldos.
Explicación ampliada
La supresión del salario mínimo constituye una medida orientada a devolver la libertad contractual entre trabajador y empresario. La imposición de un umbral salarial por decreto parte de la presunción de que el Estado conoce mejor que las partes las condiciones óptimas del intercambio. Sin embargo, este intervencionismo, como ha explicado Juan Ramón Rallo en su análisis del mercado laboral español, provoca desempleo estructural al impedir que los salarios se ajusten a la productividad real de cada trabajador, especialmente entre los jóvenes, los desempleados de larga duración y las pequeñas empresas con márgenes ajustados.
En un mercado libre, los salarios se determinan por la interacción de la oferta y la demanda de trabajo. Allí donde la productividad es alta y la escasez de trabajadores cualificados aumenta, los salarios se elevan naturalmente, mientras que en sectores de menor productividad, el ajuste salarial permite mantener puestos de trabajo y acumular experiencia que mejora la movilidad laboral. Autores como Ludwig von Mises y Murray Rothbard demostraron que toda interferencia coactiva en los precios —y el salario es un precio— genera desajustes y desempleo forzoso. En palabras de Hazlitt, el salario mínimo no crea prosperidad: tan sólo prohíbe trabajar a quienes menos producen, condenándolos a la exclusión.
Además, el salario mínimo distorsiona la estructura empresarial y encarece la contratación, impidiendo que surjan pequeñas empresas y cooperativas en los sectores más dinámicos. José Ignacio Huerta de Soto sostiene que una economía realmente humana se basa en la libertad de asociación y en la competencia abierta, no en la coacción que impide contratar a quien desee trabajar por un precio justo. La libertad de pactar el salario beneficia tanto al trabajador —que gana oportunidades— como al empleador —que puede ampliar su plantilla—, generando empleo y movilidad social reales, no ficticios.
A largo plazo, eliminar el salario mínimo fortalecería la negociación directa, incrementaría la competencia por los buenos trabajadores y permitiría que el aumento salarial proviniera de la productividad y del ahorro, no de la imposición política. El resultado sería una economía más inclusiva, donde el valor del trabajo no lo determine el Estado, sino la cooperación voluntaria.
Impacto Jurídico
La eliminación del salario mínimo implicaría la derogación o reforma de las siguientes disposiciones legales:
- Artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), que regula la fijación anual del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por el Gobierno.
- Reales Decretos anuales del SMI, que establecen la cuantía oficial vigente.
- Adaptación del artículo 35 de la Constitución Española, para suprimir la mención implícita a la “remuneración suficiente” como base de una política estatal de salarios mínimos, reinterpretándola en clave de libertad contractual.
- Modificación de la Ley General de la Seguridad Social, en aquellos apartados que vinculan cotizaciones o prestaciones al SMI.
En su conjunto, esta reforma colocaría al trabajador y al empresario como sujetos plenos de derecho, libres de determinar las condiciones de su intercambio sin la tutela coercitiva del Estado.