Descripción
Se debe preservar el principio de igualdad en toda la legislación vigente, garantizando que las personas sean juzgadas sin tener en cuenta su sexo, género, orientación sexual, color de piel, etnia, religión, origen u otras particularidades. Esto implica un trato justo y equitativo para todos, sin favorecer ni a minorías ni a mayorías. Es esencial asegurar la imparcialidad y la igualdad de oportunidades para cada individuo, promoviendo así una sociedad justa e inclusiva.
Explicación ampliada
El principio de igualdad ante la ley constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad civilizada. Sin embargo, en la práctica, la proliferación de normativas identitarias y de políticas de discriminación positiva ha erosionado su esencia, sustituyendo la justicia universal por una justicia de grupos. Como argumenta el pensamiento liberal clásico —desde Bastiat hasta Nozick—, la ley pierde su carácter moral cuando deja de ser una norma general que protege a todos por igual y se convierte en una herramienta para beneficiar a determinados colectivos a expensas de otros.
Autores como Huerta de Soto o Rallo insisten en que el auténtico progreso jurídico consiste en devolver la neutralidad al Derecho: que la ley no se ocupe de identidades, sino de actos. Cuando la justicia se convierte en instrumento de ingeniería social, el Estado deja de ser árbitro para transformarse en parte del conflicto. Este principio, al aplicarse rigurosamente, no sólo elimina la arbitrariedad política, sino que fortalece la cooperación espontánea entre individuos libres e iguales.
La igualdad ante la ley no pretende uniformar las diferencias naturales entre las personas, sino asegurar que ninguna de ellas pueda imponerse sobre otra mediante privilegios legales. Eliminar las prerrogativas de grupo, las cuotas políticas y las exenciones basadas en características personales no es un retroceso, sino la recuperación del orden jurídico que permitió florecer a las sociedades libres. Tal como señala Anxo Bastos, una sociedad justa no es aquella en la que todos son iguales en resultados, sino aquella en la que todos compiten bajo las mismas reglas.
Desde esta óptica, la propuesta es clave porque devuelve a España el principio de responsabilidad individual: cada persona será juzgada por sus acciones, no por su pertenencia identitaria. En palabras de Mises, la libertad no puede coexistir con la justicia diferencial; donde la ley distingue entre grupos, la libertad muere. La restauración de este principio permitirá reconstruir la confianza en las instituciones, reduciendo la politización judicial y garantizando la imparcialidad del Estado frente a los ciudadanos.
Impacto Jurídico
La implementación de esta propuesta implicaría revisar y modificar múltiples normas que introducen distinciones legales o administrativas basadas en factores identitarios. Entre las principales se encuentran:
- Constitución Española (artículo 14): aunque ya consagra la igualdad ante la ley, se reforzaría su aplicación efectiva mediante mecanismos de control constitucional vinculantes sobre toda legislación o política pública que introduzca discriminaciones o privilegios.
- Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: requeriría una revisión profunda para eliminar cuotas de género o medidas de discriminación positiva que contravienen el principio de neutralidad jurídica.
- Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación: debería reformularse para evitar la inversión de la carga de la prueba o la creación de autoridades administrativas con poder sancionador extrajudicial.
- Código Penal y legislación autonómica: deberían armonizarse bajo un único principio de igualdad penal, eliminando agravantes o atenuantes basados en factores subjetivos o identitarios.
- Leyes de cuotas en el sector público y privado: su derogación o sustitución por criterios meritocráticos y de competencia abierta reforzaría la equidad real.
En conjunto, el impacto jurídico sería la consolidación de un Derecho más imparcial, basado en la responsabilidad individual, la meritocracia y la universalidad de la ley, sustituyendo la actual fragmentación identitaria por un marco normativo verdaderamente igual para todos los ciudadanos.