Descripción
Implantación de un modelo federal en el que las regiones españolas adquieran autonomía plena en materia de justicia local, incluyendo la administración de tribunales y la gestión de recursos judiciales. Este modelo permitiría la existencia de sistemas judiciales regionales coordinados por un marco constitucional común, garantizando la independencia, la eficiencia y la cercanía de la justicia al ciudadano. Cada comunidad o región dispondría de su propio órgano de justicia local con competencias en derecho civil, mercantil y administrativo, siempre bajo los principios generales de igualdad ante la ley y respeto a los derechos fundamentales. La justicia se acercaría así a las realidades locales, permitiendo una resolución más rápida y contextualizada de los conflictos.
Explicación ampliada
La federalización judicial representa un paso esencial hacia una estructura política donde el poder no se concentre en un solo vértice del Estado, sino que se distribuya eficazmente entre múltiples niveles de gobierno. En un país tan diverso como España, donde las particularidades regionales tienen una influencia directa en la vida social, económica y cultural, la uniformidad absoluta del sistema judicial ha demostrado ser más un lastre que una garantía de equidad. La proximidad de los órganos judiciales a los ciudadanos fomenta la eficiencia y la responsabilidad, a la vez que reduce la burocracia central y las ineficiencias propias de una administración hiperconcentrada.
Autores como Friedrich Hayek y Jesús Huerta de Soto han insistido en que la descentralización no sólo es un principio económico, sino un mecanismo natural de descubrimiento institucional: permite que las distintas comunidades experimenten con formas de gobernanza adaptadas a sus necesidades y, a través de la competencia entre modelos, emerjan las soluciones más efectivas. Rallo ha enfatizado en Una Revolución Liberal para España que el centralismo político y judicial no sólo es costoso y lento, sino que convierte al Estado en un agente de poder único frente al ciudadano, debilitando la autonomía social y la justicia efectiva. De ahí que la federalización judicial constituya un instrumento de contrapeso frente al monopolio político y una vía para devolver la soberanía institucional a las regiones.
Además, esta reforma no fragmentaría el Estado de Derecho, sino que lo fortalecería. Al permitir la coexistencia de sistemas judiciales locales coordinados por una Constitución común, se respetaría la unidad jurídica esencial del país mientras se gana en flexibilidad, competitividad y eficacia. Anxo Bastos y Nozick coincidían en que la competencia institucional es el mejor garante de la libertad, pues evita que una única estructura de poder pueda imponerse sobre todas las demás. Una justicia autónoma por regiones impediría que las decisiones del poder central sean usadas como herramientas políticas y promovería una sociedad civil más fuerte, capaz de exigir rendición de cuentas.
En el contexto español, esta propuesta permitiría, por ejemplo, que los tribunales de una región con alta actividad económica o empresarial adaptaran sus procesos mercantiles a ritmos más ágiles y especializados, sin tener que esperar directrices de un ministerio o Consejo General del Poder Judicial centralizado. Cada territorio podría desarrollar sistemas de arbitraje, mediación y resolución de conflictos más próximos a su tejido social y económico, devolviendo la confianza ciudadana en la justicia.
Impacto Jurídico
La implantación de una federalización regional con justicia local autónoma requeriría una reforma constitucional profunda, especialmente de los siguientes artículos:
- Artículo 117 CE: que consagra la unidad jurisdiccional y debería modificarse para permitir jurisdicciones regionales coordinadas por un tribunal constitucional común.
- Artículo 122 CE: referente al Consejo General del Poder Judicial, que debería transformarse en un órgano de coordinación y garantía interregional, en lugar de control centralizado.
- Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): se requeriría su reescritura para distribuir competencias entre tribunales regionales y locales, estableciendo un marco común de garantías procesales.
- Artículos 137 y 149 CE: deberían redefinirse para otorgar competencias exclusivas en materia judicial a las comunidades federadas dentro de sus territorios, manteniendo sólo la coordinación constitucional en delitos de carácter nacional o transfronterizo.
- Leyes procesales (LEC, LECrim, LJCA): se adaptarían a un modelo de pluralismo procesal controlado, donde las comunidades podrían aprobar sus propias normas procesales complementarias.
El impacto positivo sería doble: por un lado, una justicia más ágil, cercana y menos politizada; por otro, una estructura institucional que refleje la pluralidad territorial española sin romper la unidad del Estado. La competencia jurídica entre regiones fomentaría la calidad institucional y la confianza en el sistema judicial, convirtiendo a España en un modelo de descentralización efectiva y de eficiencia jurídica dentro de Europa.