Descripción
Se propone una reforma judicial integral para fortalecer la independencia del poder judicial y despolitizar su estructura. Esta reforma incluye la creación de una bolsa de candidatos cualificados para cargos ejecutivos, seleccionados de forma transparente y aleatoria, así como la modificación del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, priorizando la elección entre jueces y magistrados. Además, se centralizarán las competencias judiciales en el CGPJ, dotándolo de autonomía presupuestaria y rechazando cualquier supervisión parlamentaria que pueda afectar a la separación de poderes.
Explicación ampliada
Esta propuesta busca devolver al poder judicial su función esencial: ser garante del derecho y no instrumento del poder político. La independencia real de los jueces no puede coexistir con un sistema en el que sus nombramientos dependan de cuotas partidistas o de negociaciones entre bloques ideológicos. Como señalaba Friedrich Hayek, el orden jurídico solo puede florecer cuando se rige por normas abstractas y previsibles, no por la voluntad de quienes ostentan coyunturalmente el poder.
La reforma de la selección judicial mediante un sistema transparente y aleatorio tiene un doble propósito: impedir la captura partidista de los tribunales y garantizar la meritocracia frente al clientelismo. Cuando el mérito, la experiencia y la reputación profesional prevalecen sobre la afinidad política, el poder judicial se transforma en un verdadero árbitro de la sociedad civil. Este proceso devuelve a los jueces su función de guardianes de la ley y no de ejecutores de intereses ideológicos.
Autores como Rallo y Huerta de Soto han señalado que la politización de la justicia constituye una forma de “intervencionismo institucional”: el poder político se infiltra en las estructuras llamadas a limitarlo. De ahí la necesidad de un blindaje efectivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dotándolo de autonomía financiera y excluyéndolo de la vigilancia parlamentaria. La justicia no debe rendir cuentas al poder político, sino únicamente al derecho y a los ciudadanos, como planteaba el ideal clásico del Estado de Derecho.
Asimismo, esta despolitización introduce un principio de orden espontáneo en el ámbito jurídico: un sistema donde la ley emerge de la aplicación imparcial de normas, no de decretos coyunturales. La predictibilidad jurídica es el cimiento de toda economía libre; sin seguridad jurídica, ni la propiedad ni los contratos tienen sentido. En última instancia, esta reforma no busca sólo un cambio técnico, sino moral: sustituir la obediencia al poder por el respeto a la ley.
Para España, esta transformación es clave. El actual modelo de elección judicial, sujeto al reparto partidista, ha erosionado la confianza ciudadana y convertido al Poder Judicial en un escenario más de lucha política. La propuesta ofrece un camino hacia la restauración de la legitimidad institucional y del principio de separación de poderes, que, como advertía Montesquieu, es la única salvaguarda contra la tiranía. Un poder judicial libre es la condición para una sociedad donde las leyes, no los gobernantes, sean soberanas.
Impacto Jurídico
Esta reforma implicaría una revisión profunda de varias normas del ordenamiento jurídico español:
- Constitución Española de 1978 – Artículos 117 a 127, especialmente:
- Art. 122: composición y nombramiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
- Art. 123: funciones del Tribunal Supremo.
- Art. 124: Estatuto del Ministerio Fiscal.
→ Se requeriría una reforma constitucional para asegurar que la elección de los vocales del CGPJ sea realizada por jueces y magistrados, eliminando la intervención de las Cortes Generales.
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) – Especialmente los artículos 560 a 599, que regulan el CGPJ y el nombramiento de cargos judiciales.
→ La reforma propondría sustituir el sistema actual de designación parlamentaria por un mecanismo de elección aleatoria y meritocrática, además de introducir la autonomía presupuestaria plena del órgano. - Ley 50/1981, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal – Revisión del procedimiento de designación del Fiscal General del Estado para eliminar la dependencia directa del Gobierno y reforzar la imparcialidad del Ministerio Fiscal.
- Ley Orgánica 2/1980, sobre el Consejo de Estado y demás órganos consultivos del Gobierno – En lo relativo a la desvinculación de las decisiones judiciales respecto a informes de naturaleza política.
- Reglamentos internos del CGPJ y del Tribunal Supremo – Adaptación a un modelo de selección, control y disciplina basado en criterios técnicos y no políticos.
En conjunto, esta reforma supondría el paso de un modelo judicial politizado hacia un modelo de autonomía funcional y financiera, condición indispensable para una justicia verdaderamente libre, imparcial y respetada.