Descripción
La propuesta establece la obligación de auditar de manera independiente todos los niveles de gasto público —ministerial, autonómico y municipal—, asegurando que los recursos se asignen con criterios de eficiencia, necesidad y proporcionalidad. Se implementarán auditorías anuales obligatorias, con publicación pública y accesible de resultados, y se impulsará un portal digital de transparencia presupuestaria en tiempo real.
El objetivo es eliminar el gasto superfluo, prevenir la corrupción y fomentar la rendición de cuentas. Cada euro gastado por el Estado deberá poder ser rastreado, desde su origen hasta su destino final, bajo supervisión ciudadana y sin intermediaciones partidistas.
Explicación ampliada
La reforma del gasto público constituye uno de los pilares fundamentales para limitar el abuso de poder y recuperar la confianza en las instituciones. Cuando el gasto se expande sin control, se distorsionan los incentivos de quienes lo gestionan, apareciendo el despilfarro y la corrupción sistémica. Economistas como Mises o Hazlitt advirtieron que toda asignación coactiva de recursos tiende a producir ineficiencias estructurales, pues sustituye el cálculo económico —basado en la utilidad y el precio— por decisiones políticas sujetas a intereses particulares.
La auditoría integral del gasto actúa como antídoto frente a esa opacidad institucional. Permite que el ciudadano vuelva a ocupar el lugar del verdadero “accionista” del Estado: el contribuyente. Una gestión transparente de los fondos públicos no solo reduce el coste total del Estado, sino que obliga a cada órgano administrativo a justificar su propia existencia.
Además, la transparencia no es únicamente una herramienta de control, sino un mecanismo de competencia institucional: los organismos y administraciones que gestionen mejor los recursos serán los que sobrevivan. Esta disciplina de eficiencia, semejante a la del mercado, es el único modo de reconducir el gasto hacia lo verdaderamente esencial: seguridad, justicia y servicios mínimos comunes.
España, cuya estructura de gasto público supera el 40% del PIB según los análisis recogidos por Rallo, necesita una depuración profunda de duplicidades, clientelismo y subvenciones cruzadas. Reducir el peso del Estado sin auditarlo sería ilusorio; hacerlo con auditorías ciudadanas y portales de transparencia, en cambio, permitiría devolver legitimidad al sistema institucional.
Impacto Jurídico
La implantación de esta propuesta requeriría la revisión y adaptación de varias normas y leyes españolas, entre ellas:
- Ley 47/2003, General Presupuestaria — modificación para incorporar auditorías externas obligatorias y sanciones por desviaciones no justificadas del gasto público.
- Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno — ampliación del ámbito de aplicación para incluir todos los entes públicos y empresas participadas, obligando a la publicación en tiempo real del gasto y su justificación.
- Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas — reforma para reforzar su independencia mediante designación aleatoria o por concurso público de sus miembros, y supervisión ciudadana directa.
- Ley de Subvenciones (38/2003) — modificación para condicionar la concesión de ayudas públicas a la previa publicación de auditorías y evaluación de impacto económico.
- Reglamentos de Contratación Pública (Ley 9/2017) — inclusión de cláusulas obligatorias de transparencia presupuestaria y trazabilidad financiera en cada contrato.
Esta reforma permitiría, en síntesis, avanzar hacia una administración verdaderamente responsable ante los ciudadanos, donde cada gasto esté justificado, cada funcionario sea evaluado y cada euro rinda cuentas.