Descripción
La propuesta busca reducir de manera drástica la carga burocrática en todos los niveles del Estado mediante la simplificación de trámites, la eliminación de duplicidades administrativas y la automatización de procesos. Incluye la revisión completa de los organismos públicos con el fin de suprimir aquellos que no cumplan funciones esenciales o puedan ser sustituidos por soluciones tecnológicas o privadas
A la par, plantea una reestructuración integral del funcionariado: revisión de la estabilidad laboral de los empleados públicos, evaluación continua del desempeño, eliminación de puestos redundantes y adopción de un modelo de contratación flexible y meritocrático. Se prevé la reducción progresiva del tamaño de la Administración, sustituyendo estructuras jerárquicas ineficientes por equipos técnicos con objetivos medibles y contratos renovables según resultados.
Explicación ampliada
Reducir la burocracia y reformar el funcionariado es una condición indispensable para que la sociedad civil y la economía vuelvan a desarrollarse sin trabas ni dependencia estatal.
El sistema actual, basado en la rigidez y la permanencia del empleo público, genera incentivos contrarios al progreso: el mérito y la eficiencia se diluyen frente a la inercia institucional y la captura política. El exceso de normas y de personal administrativo no sólo ralentiza la economía, sino que erosiona la confianza en las instituciones, transformando al ciudadano en súbdito de un aparato que vive de su trabajo y no a su servicio.
La propuesta pretende restaurar el equilibrio natural entre administración y ciudadanía: el Estado debe servir, no gobernar la vida diaria. Siguiendo los principios que defienden que el orden social surge del libre intercambio y la cooperación voluntaria, esta reforma elimina la coacción burocrática para que la sociedad se organice por sí misma.
En una España moderna, donde los ciudadanos ya poseen las herramientas tecnológicas y educativas necesarias para gestionar directamente gran parte de sus relaciones con la Administración, el mantenimiento de millones de puestos públicos sin función esencial es un lastre económico y moral.
Reducir la burocracia es, por tanto, devolver a las personas su tiempo, su dinero y su capacidad de decisión, además de eliminar una de las principales fuentes de corrupción y despilfarro estatal. La reestructuración del funcionariado, basada en la competencia, la transparencia y la temporalidad, sustituirá la cultura de la plaza garantizada por la del servicio efectivo.
Impacto jurídico
Esta propuesta implicaría la revisión o derogación parcial de varias normas clave del ordenamiento español, entre ellas:
- Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: simplificación de la estructura administrativa y eliminación de organismos y entidades innecesarias.
- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: reforma para acortar plazos, suprimir trámites redundantes y priorizar el silencio administrativo positivo.
- Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015): modificación para sustituir la inamovilidad laboral por contratos renovables por mérito y desempeño, establecer evaluaciones periódicas y permitir movilidad intersectorial.
- Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003): reestructuración del gasto público orientada a eficiencia, con auditorías ciudadanas y control de resultados.
- Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (19/2013): fortalecimiento de mecanismos de supervisión externa y eliminación de zonas de opacidad administrativa.
A medio plazo, la aplicación de estas reformas exigiría una nueva Ley de Racionalización Administrativa y Eficiencia Pública, que defina el marco general de reducción de personal, simplificación estructural y digitalización total de la administración.