Descripción
La totalidad de los ministerios deberán incorporar sistemas digitales interoperables que eliminen la duplicidad de trámites, reduzcan drásticamente el tiempo de gestión y permitan la automatización de procedimientos administrativos. Los ciudadanos podrán realizar en línea cualquier solicitud, seguimiento o resolución, con trazabilidad completa y sin intervención manual salvo en casos excepcionales. Los funcionarios quedarán reubicados en tareas de supervisión y control de calidad de los sistemas automatizados. Los datos deberán integrarse en una plataforma pública de acceso controlado, garantizando transparencia y responsabilidad administrativa.
Explicación ampliada
La automatización y digitalización integral de los ministerios no es una cuestión meramente técnica: representa una transformación profunda del modelo de administración pública, que traslada el poder de la burocracia al ciudadano.
El actual aparato estatal, como ha señalado la mejor tradición económica, padece una ineficiencia estructural: tiende a perpetuar su tamaño, duplicar funciones y retrasar decisiones en beneficio de quienes viven del sistema, no de quienes lo financian. La automatización quiebra ese circuito de dependencia.
Al sustituir procesos humanos repetitivos por algoritmos verificables y auditables, se reduce la arbitrariedad, el coste y el tiempo de la gestión pública. Ello elimina la “renta del retraso” —el valor político del trámite y la espera— y devuelve al ciudadano la certidumbre de que su tiempo no pertenece al Estado. En un entorno digital interconectado, la Administración se convierte en un prestador de servicios eficiente, no en un obstáculo.
Además, esta medida supone un giro cultural: pasar del principio de “autorización previa” al de “control posterior”. El ciudadano no pide permiso, actúa conforme a ley, y el Estado sólo interviene si detecta una irregularidad mediante sistemas automatizados de verificación. Esto traslada la carga de la eficiencia a la Administración y la responsabilidad al individuo, reforzando la autonomía civil y reduciendo el intervencionismo.
España, donde más del 60 % de los procedimientos administrativos aún dependen de validaciones presenciales o semimanuales, podría ahorrar miles de millones en costes administrativos, además de liberar capital humano hacia el sector productivo. La digitalización integral no solo moderniza la gestión: desmantela el monopolio de poder burocrático que bloquea la innovación institucional y la competencia administrativa.
Impacto Jurídico
- Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — requeriría una reforma profunda para establecer la automatización como principio general del procedimiento y no como opción.
- Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público — se debería adaptar para permitir la interoperabilidad total entre ministerios y organismos, incluyendo la eliminación de registros manuales.
- Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales — precisaría una actualización para garantizar la transparencia de los algoritmos públicos y la rendición de cuentas de los sistemas automatizados.
- Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno — ampliada para incluir la obligación de trazabilidad digital de toda actuación administrativa.
- Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015) — debería modificarse para redefinir funciones, competencias y evaluaciones de desempeño en un entorno automatizado.